V.P.O. Fábrica de Tabacos Coruña

Buenos días. Hoy me gustaría hacer una serie de reflexiones y exponer una serie de comentarios que me han llegado sobre la adjudicación de las viviendas de protección oficial situadas en el solar de la antigua Fábrica de Tabacos.
En primer lugar una reflexión personal sobre la ubicación de dichas viviendas. Considero, al igual que muchas personas que así me lo han manifestado, que la situación privilegiada de las viviendas resulta incompatible con el concepto mismo de la Vivienda de Protección Oficial. Dado que este tipo de viviendas se realizan con dinero público para beneficiar al máximo número de personas posibles, resulta difícil de comprender y justificar la construcción de esas viviendas en una zona como la antigua Fábrica de Tabacos. Según mi modesta opinión no se trata de hacer viviendas de protección oficial unicamente en zonas marginales de la ciudad, pero considero que el solar de la Fábrica de Tabacos se podría haber permutado por otro solar en una zona donde el metro cuadrado fuese más económico, con lo cual se proporcionaría una vivienda digna a un precio asequible a un mayor número de personas. Creo que uno de los fines de las Administraciones es beneficiar al mayor número de personas posibles, por lo que probablemente en otra ubicación más modesta se podrían haber beneficiado de dicha adjudicación no sólo 178 personas o familias, sino (y esta cifra me la ha proporcionado un constructor importante de nuestra comunidad) entre 300 y 350. Pero dado que los "votantes" (no digo ciudadanos) nos hemos quedado impactados con este proceso, la Corporación Municipal nos ha trasladado el mensaje que quería de cara a las siguientes elecciones municipales: Votarnos y haremos viviendas de protección oficial. Ahora bien, es esos solares probablemente menos de las que deberían hacer persiguiendo un principio fundamental de optimización del dinero público.

En segundo lugar, me gustaría llamar la atención sobre otro aspecto. El posible fraude cometido por los adjudicatarios de estas viviendas. No hablo de fraude a la hora de solicitarlas, sino el que se producirá en el futuro. Hablo de la futura venta o arrendamiento de las viviendas que ,por diversas circunstancias, han resultado adjudicadas a personas que realmente no las necesitan, pero que dado el escaso o inexistente control a posteriori de las VPO se benefician flagrantemente del sistema. La Administración se reserva un derecho de tanteo o retracto sobre estas viviendas durante 30 años, pero un derecho que nunca ejerce. Ahora bien, la pregunta es por qué. Considero que en búsqueda de los fines inspiradores de la VPO, la Administración debería recomprar automáticamente (no mediante el derecho de tanteo) las viviendas de aquellos propietarios que quisieran venderlas, por un precio predeterminado en las bases (precio de adjudicación más el incremento medio de valor de ese tipo de vivienda en la ciudad según el Banco de España o entidad similar, p.e.). De todos es conocida la utilización de dinero negro en las transacciones de Viviendas de Protección Oficial ante la pasividad de los poderes públicos.
En el mismo sentido me refiero al posible arrendamiento de esas viviendas. Probablemente se excusarán diciendo que es imposible de comprobar, cuando no es así. Es posible acreditar, mediante pruebas admitidas en procedimientos judiciales o fiscales, la no residencia habitual en una determinada vivienda (recibos, domiciliaciones, diligencias de visitas de la Policía Local, etc), que deberían conllevar automáticamente la revocación de la adjudicación de dicha vivienda de protección oficial.

Por último, me gustaría llamar la atención sobre otro aspecto. El tema de la unidad familiar. Este tema lo voy a enfocar desde un punto de vista personal, porque me afecta. Entiendo perfectamente a aquellas personas que deciden no casarse o inscribirse legalmente en un registro de parejas de hecho, ahora bien, lo que no se puede exigir o reclamar despues es tener exactamente los mismos derechos que los que si lo han hecho. A ver, me explico para que no se me entienda mal. En esta adjudicación de viviendas se exigían un máximo de ingresos por unidad familiar. Yo, debido a que estoy casado (debe ser que soy imbécil) no podía acceder a dichas viviendas por pasarme, junto con mi pareja, de esos ingresos. Sin embargo, me encuentro en la lista de adjudicatarios personas a las que conozco personalmente (Coruña es una ciudad pequeña) y que junto con su pareja, con la que conviven pero no están casados porque así lo han decidido, tienen más ingresos anuales que quien les escribe. Es decir, cometen un fraude moral que no legal, ya que su unidad familiar (real que no legal) excede el máximo de ingresos anuales.
Como este aspecto es de difícil o imposible solución, por lo menos no quiero escuchar más a aquellas personas que reclaman con insistencia todo tipo de derechos aparejados a la unidad familiar pero que no están dispuestos a asumir ninguna de sus obligaciones o perjuicios, como es el caso que acabo de exponer. Nada más lejos de mi intención que hacer un alegato a favor del matrimonio, ni tan siquiera de protestar por haber sido excluido (tengo una vivienda en propiedad en la ciudad, por lo que no podría haber optado igualmente), sino sencillamente llamaros la atención sobre un tema que me "saca de mis casillas". Un ejemplo sencillo: Una persona adjudicataria de una vivienda gracias a que no se ha casado o inscrito como pareja de hecho, dentro de un año por desgracia sufre el fallecimiento de su pareja. Seguramente esa persona, acudirá al juzgado para intentar acreditar su convivencia con esa persona y su derecho a la pensión de viudedad. Es decir, únicamente querría los derechos o beneficios y no las obligaciones o perjuicios de las uniones legales.
En el momento actual, en el que cualquier pareja puede casarse o inscribirse como pareja de hecho, no se pueden admitir otros medios de prueba en derecho que el expuesto. Debería haber una oposición frontal de las Administraciones a estos reconocimientos de derechos a personas, que habiendo tenido la opción de disfrutarlos, han optado por tener otro tipo de ventajas fraudulentas al reducir los ingresos de su unidad familiar (posibilidad de acceso a VPO, becas, ayudas de acción social, ....) que los demás no hemos tenido.

En fin, creo que las tres reflexiones que he realizado, en el mundo que vivimos y con los políticos que tenemos, son utópicas. Las viviendas ya están adjudicadas (la permuta del solar es irrealizable), el control postadjudicación es improbable o inexistente (por diversas razones, la fundamental la desidia política) y la negación de derechos de convivencia sin acreditación legal no se va a llevar a cabo porque es políticamente incorrecta (aunque sea sin duda la solución más justa para todos).

Nada más por hoy. Espero que por lo menos os haya hecho pensar un poco, aunque no compartais todas o ninguna de mis reflexiones.